EQUILIBRIUM

Los anglicanos intentan evitar la escisión limitando las mujeres obispos

08-02-2012 / 21:50 h EFE

Londres, 8 feb El sínodo general de la Iglesia de Inglaterra, reunido en Londres, votó hoy a favor de introducir enmiendas en la legislación sobre la ordenación de mujeres obispos, para evitar la escisión de los sectores más conservadores.

Ahora los obispos anglicanos de Inglaterra podrán introducir salvaguardas en las nuevas normas de ordenación de mujeres, que se votarán el próximo julio y que podrían entrar en vigor en 2014.

Algunos sectores minoritarios quieren que se pida a las futuras mujeres obispos que deleguen su autoridad en otros para atender a aquellas parroquias que se nieguen a aceptarlas.

Los defensores de la ordenación de mujeres se oponían en un principio a que se pudieran presentar este tipo de enmiendas, pero finalmente la mayoría ha cedido ante la petición del arzobispo de Canterbury, que lleva años intentando evitar una escisión importante en esta institución.

Un año más, el sínodo, que concluye mañana, ha estado dominado por el debate sobre la ordenación de mujeres obispos, a la que el sector más tradicionalista se opone frontalmente y amenaza con la deserción masiva hacia el catolicismo

La Iglesia de Inglaterra se comprometió hace años a elevar a mujeres al obispado, pero la ejecución de ese plan se ha aplazado año tras año por culpa de las divisiones que provoca entre sus miembros.

La legislación para permitirlo necesita dos tercios en todas las cámaras del sínodo general, la de obispos, clérigos y laicos.

Si supera estas votaciones, se trasladará al Parlamento británico para su aprobación por los diputados y la eventual sanción de la reina Isabel II, jefa de la Iglesia anglicana.

El sínodo general tratará también asuntos como el suicidio asistido y la reforma de la Cámara de los Lores del Parlamento, donde los obispos anglicanos tienen representación.

Fuente: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1100110

UN DEFECTO EN EL PROGRAMA INFORMÁTICO HACE IMPOSIBLE QUE FUNCIONE

Caamaño tiró a la basura 400 millones para una Oficina Judicial que no se puede implantar

@C.Guindal 08/02/2012 (06:00h)

La Oficina Judicial, el proyecto estrella vendido a bombo y platillo por los ministros de Zapatero para mejorar, agilizar y digitalizar los juzgados, está siendo un fiasco total según fuentes del Poder Judicial. Un plan en el que el ex ministro Caamaño hipotecó 400 millones de euros y que, a día de hoy, no funciona por falta de previsión y por la precipitación en implantarlo sin los necesarios estudios previos.

La Oficina Judicial puede ser para Alberto Ruiz Gallardón la piedra que acabe con su carrera como ministro de Justicia o, de lo contrario, le proclame como el salvador del gran reto de la modernización de la Justicia. El primer ministro de Justicia de José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Fernando López Aguilar, lo ideó. Fue una obsesión porque iba a cambiar todo el sistema judicial. Iba a acabar con la vieja imagen del funcionario con un carrito repleto de papeles subiendo y bajando en los juzgados. La Justicia se iba a modernizar.

Este proyecto pasó a las manos de Mariano Bermejo y finalmente el pistoletazo de salida lo dio Francisco Caamaño después de 400 millones de euros invertidos. Se pretendió que fuera el gran avance judicial. Borrón y cuenta nueva. Sin embargo, las prisas apuraron y se decidió instalar la Oficina Judicial por provincias, con las pruebas piloto sin verificar. El objetivo era unir los 431 partidos judiciales a través de un sistema informático muy modernizado.

En cada provincia, en cada juzgado, había sistemas incompatibles que impedían conocer qué ocurría en otro juzgado. El punto de inflexión fue el asesinato de la niña Mari Luz Cortés. La lentitud del sistema impidió que Santiago del Valle, condenado por otros abusos, fuera a prisión. Había sido condenado pero el juzgado no había hecho efectiva la condena lo que le permitió seguir en la calle y asesinar a la pequeña.

Por unas u otras razones, Caamaño quiso hacerse la fotografía de la implantación de la Oficina Judicial. Arrancó en Burgos y Murcia en noviembre de 2010. Le siguió Cáceres, Ciudad Real, León, Cuenca y Mérida, además de en ocho ciudades vascas. Las mismas fuentes judiciales explican que el tiempo técnico no es el mismo que el político.

La principal inversión del departamento de Justicia tirado a la basura por un problema de base, ya que intentaron implantar un ambicioso sistema informático sin desarrollar el expediente digital, piedra angular del servicio.

Al poco de iniciar la implantación, los errores comenzaron a brotar precisamente porque se seguía realizando todo el trabajo con papeles. A raíz de estos problemas de bases lo que se hizo fue parchear, buscar soluciones en los casos concretos que arreglan el fallo concreto pero no el sistema general, añaden las mismas fuentes. Ya hay provincias que han anunciado que paralizan su implantación ante el resultado en los primeros sitios. Asturias y palma de Mallorca han decido no continuar con la idea por lo menos hasta que no se solucionen las deficiencias.

Burgos ha sido el claro ejemplo del fracaso. El propio vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, reconoció que la implantación de la Oficina Judicial en esta provincia demuestra que existen complicaciones que impiden desarrollarlo en el resto de España. El principal error es el "defecto" estructural del programa informático diseñado para el nuevo modelo judicial. Estos problemas se repitieron en Murcia y Cáceres, con un mal funcionamiento del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. Este servicio es el que más problemas ha generado precisamente por la falta del expediente digital.

La situación llegó a tal punto que el órgano de los jueces pidió al Ministerio que atajara el problema o de lo contrario se pondría en peligro el funcionamiento de otros órganos judiciales. Es más, por ahora se ha evitado instalarlo en Madrid y Cataluña, comunidades con más ingreso de asuntos al año. Un bloqueo en sus juzgados o sobresaturación podría ser un grave problema para todo el sistema judicial.

En la Audiencia Nacional tampoco ha funcionado. Se anunció por todo lo alto el final del papel en este órgano judicial. Caamaño se hizo la fotografía con el presidente, Ángel Juanes, para anunciar la digitalización de todos los procedimientos, sumarios, sentencias y, en definitiva, de todos los papeles. Fuentes jurídicas señalan, sin embargo, que lo que se ha hecho es escanear los documentos antiguos. Es decir, no se ha digitalizado el sistema sino que se han convertido tales documentos en pdf.

Asimismo, abogados, procuradores, funcionarios y sindicatos coinciden que la Oficina Judicial ha supuesto en líneas generales mayor caos y desorden. La nueva aplicación informática que llegó con la nueva Oficina (el Minerva-NOJ) es la que copa mayor parte de las críticas hasta el punto de que sus fallos provocan la inoperatividad del servicio durante jornadas laborales enteras. Este hecho ha provocado incluso que jueces presentaran quejas formales. También ligado con los fallos informáticos se encuentra el hecho de que no funcione el Lexnet, el sistema que permite la realización de las notificaciones de forma telemática.

Ruiz Gallardón tiene en su mano convertirse en el ministro que modernizó la Justicia. Ahora bien, es un trabajo arduo y poco lúcido. Para no tirar definitivamente por tierra los 400 millones de euros invertidos se debe comenzar de cero para solucionar los problemas. Fuentes judiciales explican que es primordial desarrollar en todo el territorio nacional el expediente judicial y después realizar pruebas piloto en todos los partidos judiciales. Sólo una vez que se compruebe que todo funcione correctamente, entonces se puede llevar a cabo un apagón y comenzar de cero con el nuevo sistema.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/20 ... ar--92242/

INMIGRANTES ILEGALES

Una funcionaria acusada de dar papeles a inmigrantes alega que lo hizo por estado de necesidad ante pagos hipotecarios

14:06h | lainformacion.com

Asegura que se sometió a varias intervenciones por la enfermedad de obesidad mórbida

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Una funcionaria de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid ha reconocido en un juicio que dio papeles de forma irregular a inmigrantes a cambio de cantidades de entre 2.000 y 5.000 euros, alegando que lo hizo por la difícil situación económica que atravesaba ante pagos hipotecarios de su vivienda y personales relacionados con varias intervenciones quirúrgicas por la enfermedad de obesidad mórbida que sufría.

Un Jurado Popular ha comenzado a juzgar a los miembros de una trama encabezada por una funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía que prestaba sus servicios en la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid. Salvo la principal acusada, el resto de procesados niega su participación en los hechos.

"Yo modificaba los papeles o bien recogía documentos que no se correspondían con los que había que entregar. Por ejemplo, si había que entregar un certificado de penales y no lo traían, yo decía que sí se había entregado. A cambio, cobraba entre 2.000 y 5.000 euros. Lo hice entre diez y doce veces. Sé que era irregular y estoy muy arrepentida por ello. Con ese dinero pagaba las deudas", ha manifestado Ana María L.V., la principal acusada.

En el banquillo de los acusados se sientan Ana María L.V., Lester D.M., Virgilio S.L., Ashley H.R. y Alejandra L.A. por los delitos de falsedad documental y cohecho continuado. Se enfrentan a penas que oscilan entre los 12 años por autor de las infracciones y los cinco años de cárcel como cooperador necesario.

Otro de los acusados, Lester D.M., ha asegurado que no sabía que los papeles que le iban conseguir podían proceder de documentos falsificados y que era ajeno de esas irregularidades, por lo que ha negado que haya participado como cooperante necesario de esta trama irregular. Además, ha dicho que si es algo, sería un perjudicado de la trama.

De igual modo, Virgilio S.L. ha asegurado que no era consciente de la actuación ilegal de la principal acusada. Su defensa ha recalcado que no ha prueba suficiente de que su cliente conociera los hechos irregulares de la acusada y si tuvo algún tipo de lucro.

Según el fiscal, Ana María L.V. alteró durante los años 2005, 2006 y 2007 al menos en 30 ocasiones, a través de los datos informáticos de su ordenador, el tiempo de permanencia de los extranjeros en España.

Así, hacía constar un periodo mínimo de permanencia en España de dos años, carecer de antecedentes penales y el país de origen de los referidos extranjeros, así como existir vínculos laborales en España por periodo no inferior a un año.

La alteración de los documentos se realizaba para conceder el permiso de residencia a cambio de una cantidad de 2000 y 5000 euros. Los otros acusados se encargaban de captar a ciudadanos extranjeros que necesitaban obtener dichos permisos teniendo pleno conocimiento de las circunstancias previas.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/asunt ... Jrl1TeOX4/

Colectivos de mujeres recuerdan a Gallardón que son ellas quienes deciden

08-02-2012 / 18:11 h

Barcelona, 8 feb (EFE).- Colectivos de mujeres de Cataluña, agrupadas en la Campaña por el Derecho al Aborto Libre y Gratuito, han recordado hoy al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que en la cuestión del aborto son las mujeres las que tienen que decidir.

La mujeres han convocado para el viernes por la tarde una concentración en la plaza de Sant Jaume de Barcelona con el lema, "marea violeta", para responder a "las inconcretas y amenazadoras declaraciones del ministro Gallardón".

El ministro ha asegurado hoy que con la reforma de la ley del aborto que plantea el Ejecutivo ninguna mujer irá a la cárcel por interrumpir su embarazo y ha insistido en que dará a éstas una "respuesta positiva" para que puedan ejercer el derecho a la maternidad.

Así se ha expresado Gallardón en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que la portavoz de igualdad del grupo socialista, Carmen Montón, ha lamentado que con la reforma de la ley del aborto, a la que ha calificado de "peligrosa", se "retroceda" en los derechos de las mujeres.

El colectivo de la Campaña para el Derecho al Aborto Libre y Gratuito ya fue crítico con la ley de derechos Sexuales y Reproductivos y de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010 ya que, "pese a los avances, no responde a las necesidades reales de autonomía y capacidad plena de decisión de las mujeres".

Ante la reforma de esta ley que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, el colectivo ha recordado en un comunicado: "defenderemos, como lo hemos hecho desde hace décadas, cualquier avance en el derecho de las mujeres a decidir y no daremos ningún paso atrás en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos que están recogidos y protegidos por las convenciones internacionales de las Naciones Unidas".

El colectivo de mujeres ha asegurado que 100.000 mujeres abortan cada año en España y reivindican "escuchar las voces que esconden estos números. El derecho a decidir no puede limitarse por unos supuestos conservadores decididos por gobiernos cambiantes".

"Si queremos rebajar el número de abortos, no lo penalicéis", apelan las mujeres, que piden "relaciones igualitarias, anticonceptivos gratuitos y al alcance de todos, esta es la política en la que trabajamos las feministas de todo el mundo".

El colectivo anima a extender su campaña "Mi cuerpo, yo decido. Mi cuerpo no es territorio de disputas" en las redes sociales y a colgar lemas y carteles en balcones, pegatinas y camisetas y asistir masivamente a todas las manifestaciones que se convoquen el 8 de marzo.

También advierten a la clase política que una mayor represión sexual y una penalización del aborto comportará un aumento de los que se practicarán de manera insegura y clandestina, mientras que su despenalización y una educación sexual y afectiva hará reducir el número de abortos. EFE

Fuente: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1099699